jueves, 13 de abril de 2017

Buscan modificación del Código Penal para penar con prisión la protesta social

La clase dominante no quiere a los “negros”, o “choriplaneros” como suelen tildarlos a modo despectivo, esto no es una novedad y el PRO responde a esa pequeña porción de la sociedad. Por esto reprimen brutalmente a quienes salen a las calles a pelear por sus derechos. 

El problema con esta situación es que roza la ilegalidad. Entonces, en lugar de ajustarse a las leyes tal y como están previstas; lo más conveniente es modificarlas de modo tal, que la represión -y valga el término en toda su dimensión porqué en algunos medios está prohibido utilizarlo- sea completamente legal y se ajuste a derecho. Así el gobierno Nacional busca doblegar a quienes “osen revelarse contra un sistema que los oprime”.
Así, el denominado “PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL CODIGO PENAL DE LA NACION CONTRA AGRESIONES EN PIQUETES E INTIMIDACION PUBLICA”, busca legalizar la represión modificando 5 artículos del Código Penal vigente, donde se pena el mero hecho de estar en las calles pidiendo trabajo, mejores salarios o condiciones laborales, o tan solo impidiendo el tránsito, será pasible de ser detenida, recibir una prisión preventiva y eventualmente, una condena firme de prisión efectiva.
Si bien es un borrador y no lleva firma, fuentes consultadas por este medio confirmaron que está en estudio y lo tienen en su poder todas las bancadas de la Alianza Cambiemos 
Según lo establece el artículo 194 del nuevo código, “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación… será reprimido con prisión de tres meses a dos años. La pena será de dos a seis años si dichos actos fueran cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes… o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación”.
La norma prevé modificar otros 4 artículos, de modo tal de que se cambie totalmente –y en perjuicio del manifestante- los conceptos de “amenaza” u “extorsión”.

La pena será de dos a seis años si dichos actos fueran cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes

Según relataron dos miembros de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) al portal Infonews: “si se realiza una movilización al Ministerio de Trabajo para exigir a las autoridades una determinada medida y se concurre con elementos contundentes (como pueden ser los estandartes o bombos o los palos para tocarlos) y un juez considera que la protesta es ilegítima y que se trata de una amenaza a los funcionarios para hacer algo contra su voluntad, un manifestante podría estar preso hasta diez años”.
Entre los fundamentos del proyecto, se invocan (sic) “hechos violentos que a diario se cometen y que poco a poco internalizamos como normales e inevitables cuando no son más que la negación del ejercicio de otros derechos constitucionales de la mayoría del cuerpo social”. Se apela al Protocolo Antipiquetes que el Ministerio de Seguridad aprobó en 2016 y, en un claro avance contra la independencia de poderes, se refiere que (sic) “dicho protocolo… debe apuntalarse desde la legislación penal para no dejar las decisiones finales en manos de las autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”.
Ahora, envalentonado el gobierno va por todo. Las escuetas muestras de apoyo, amplificadas por los medios oficialistas y una encuesta de dudosa interpretación, fueron suficientes para que el Ejecutivo aplique mano dura, tal como se lo exige el núcleo duro que lo apoyó en las últimas elecciones, pero que no reviste una representatividad lo suficientemente amplia como para arrogarse la tutela para ejercer semejante violencia contra el pueblo trabajador, la prueba está en que el resultado del balotaje que llevó a Mauricio Macri al poder, apenas marcó una sutil diferencia con la oposición encabezada por el candidato del FPV-PJ, Daniel Scioli.
Luego de repetidas situaciones donde se reprimió violentamente a trabajadores que ven con preocupación como se avanza contra sus legítimos derechos, el hecho que rozó la locura total fue la paliza que le dieron a los maestros el domingo pasado al intentar montar la ya funcional “Escuela Pública Itinerante”, algo que
Pero ya vimos reprimir en una murga en la Villa 1, 11-14, en un comedor infantil de Villa Caraza, en una manifestación en la Panamericana, en un acto de maestros en el Congreso. Vimos a policías de civil sacando de los pelos aun grupo de mujeres en una pizzería en Plaza de Mayo. Vemos a diario grabaciones “caseras” de atropellos y abusos de autoridad. La penúltima, un policía de civil registrando a un indigente, intimidando a la propia persona que registraba la escena. La última (al cierre de esta nota), dos policías agarrando del cuello a una persona que los filmaba. A lo mejor se trata de meras casualidades. Pero después no digan que nadie avisó.
Fuente Portal de Noticias

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